La Guardia Civil estalla contra Marlaska por su inacción ante el gas radiactivo que afecta a 700 cuarteles

Exposición a gas radón en dependencias de la Guardia Civil

El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, está obligado desde junio de 2024 a monitorizar la presencia de un gas radiactivo en más de 700 instalaciones de la Guardia Civil –numerosas de ellas casas cuartel–, factor vinculado al desarrollo de cáncer de pulmón. Pese a ello, la Benemérita ha admitido en un documento al que accedió en exclusiva OKDIARIO que aún no se han implementado las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la salud del personal, ni se han llevado a cabo las mediciones obligatorias.

Retraso en la contratación y riesgo persistente

A pesar del peligro que este gas representa para los agentes, el procedimiento de licitación para su control ni siquiera ha sido publicado. «Mediante excusas sucesivas, Interior continúa sin cumplir sus obligaciones de controlar este agente cancerígeno», denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la organización mayoritaria del cuerpo. Señalan que «Interior está arriesgando la salud de miles de agentes y sus familias al negarse a realizar las verificaciones que exige la normativa».

Gravedad del riesgo para la salud

La inhalación de este gas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), constituye la segunda causa principal de cáncer de pulmón, solo por detrás del tabaco. El gas se filtra a través de grietas en el terreno y, si supera los límites establecidos por la OMS, exige la adopción de acciones inmediatas, que pueden incluir el cierre de las dependencias o obras de adecuación para impedir su entrada.

Alta vulnerabilidad de los cuarteles

El riesgo en los cuarteles es particularmente elevado, no solo por su ubicación dentro de las zonas señaladas por el Consejo de Seguridad Nuclear, sino porque muchas de estas instalaciones se sitúan en sótanos o plantas bajas. Según datos del propio Ministerio, este gas afecta a 710 cuarteles, un 34% del total. La distribución por comunidades es la siguiente:

• Galicia: 196 cuarteles afectados.
• Extremadura: 162.
• Andalucía: 112.
• Otras regiones con afectación significativa: Castilla y León (73), Aragón (56), Castilla-La Mancha (37), Canarias (36) y Cataluña (14).

Incumplimiento normativo reiterado

La obligación de controlar este riesgo para los agentes entró en vigor el 22 de junio de 2024, mediante el Real Decreto 1029/2022. Este reglamento exige la evaluación de la concentración media anual de radón en los lugares de trabajo en plantas bajas o rasantes de municipios prioritarios. A pesar de que el texto se publicó en diciembre de 2022, otorgando un plazo de año y medio para preparar las mediciones, y de que la norma es aplicable desde junio de 2024, iniciado el año 2026 su cumplimiento sigue pendiente.

Presión sindical y respuestas evasivas

La AUGC mantiene una lucha constante desde el verano de 2024 para que se actúe con urgencia. Eugenio Nemiña Suárez, responsable jurídico de la AUGC, ha sido insistente en sus demandas. Según el documento interno, la Guardia Civil alega que el Servicio de Acuartelamiento inició un expediente de contratación con una empresa externa y que este «se encuentra en la Abogacía del Estado, a la espera de un informe jurídico preceptivo».

En una comunicación de noviembre, se afirmó que este trámite es un paso previo indispensable. Nemiña critica esta dilación: «Se exige a los guardias civiles y ciudadanos cumplir las leyes a rajatabla, pero el primero que las incumple es el Gobierno». Ya en septiembre de 2024 se habló de una licitación en marcha, que luego se admitió que no existía, una artimaña que, según el sindicato, podría repetirse en la actualidad.

Denuncias presentadas

En diciembre de 2024, la AUGC presentó denuncias ante la Inspección de Trabajo y el Consejo de Seguridad Nuclear. Dos meses después, en la Comisión de Riesgos Laborales, la Guardia Civil reconoció que no había expediente alguno. Además, en el verano de 2025, Nemiña requirió explicaciones a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha.

Infracciones en materia de prevención

La asociación considera que la Guardia Civil incurre en varias infracciones graves:

• No realizar las mediciones legales obligatorias.
• No implementar, en consecuencia, medidas preventivas.
• No informar a los trabajadores de los riesgos en sus zonas de trabajo.
• No considerar el riesgo específico para las trabajadoras embarazadas.

Consecuencias potencialmente letales

«El Ministerio del Interior no puede seguir dando largas. Hablamos de un gas radiactivo que provoca cáncer de pulmón, una enfermedad silenciosa que, cuando se detecta, puede ser demasiado tarde», declara Nemiña. Subraya que un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, el Ministerio de Sanidad y el CSN atribuyó cientos de muertes anuales en España a la exposición residencial al radón, evidenciando la gravedad del riesgo.

«Si no hay mediciones, no hay medidas preventivas. El trabajador, sin percibirlo, puede estar enfermando e incluso fallecer sin que esa dolencia sea reconocida como laboral», concluye el responsable jurídico. La AUGC no descarta llevar los incumplimientos ante la Comisión Europea si no hay una actuación inmediata.